LA MEMORIA HISTÓRICA, «LA EXHUMACIÓN» DE LA VERDAD EN TRES LETRAS: ADN

En ningún ámbito de la sociedad, ni tan siquiera en el de la política, una sola persona acapara más titulares, suscita más controversia o alimenta más divisiones como el juez Baltasar Garzón en el terreno de la judicatura. No es menos cierto que esa estela mediática que arrastraba tras de sí parecía haber perdido fuerza durante su año sabático. Pero a su regreso a su labor al frente del Tribunal Supremo de Justicia, Garzón ha querido dar vía libre a las demandas interpuestas en su tiempo que se engloban dentro del proceso a favor de la recuperación de la «memoria histórica», un término un tanto rinbombante para lo que es, a fin de cuentas, un ejercicio para saldar cuentas con un pasado que dejó un reguero de cuerpos sin identificar durante la Guerra Civil Española. Una vez más, el símil que ponemos la carreta por delante de los caballos cobra sentido. Se propugna una ley que invita a pensar a los más incautos que la identificación de aquellos cuerpos esparcidos por doquier en las cunetas de las carreteras o enterrados en fosas comunes tienen en las técnicas del ADN el método infalibe y que resuelve cualquier enigma codificado genéticamente. Pero ese artificio vestido de tonos azulados donde moran los hombres y mujeres del CSI en nada casan con la realidad de un país que, en materia forense, sigue estando en mantillas. La mar de simple: no hay suficiente infraestructura para abastecer la demanda creciente de pruebas de ADN requeridas por distintos campos, como el de la criminología, la medicina, el deporte de élite o la relativa a los tests de paternidad, lo más in en programas de sobremesa que convocan a maridos y mujeres despechadas, con la mosca tras la oreja. Falsamente se ha hecho creer a la población de la bondad de una ley que, sin embargo, a la hora de ejecutarse tendrá enormes problemas no tan sólo por el trámite administrativo que comporta sino por la dificultad en la verificación del ADN del difunto que, en muchos casos, quedará sin efecto. Para cadáveres que llevan velando el sueño de los justos más de sesenta años, se suele recorrer a la extracción del ADN mitocondrial (ADNm), localizado en el citoplasma de la célula y que tan sólo se corresponde con el 0,1-0,05% del ADN total de un ser humano. El ADN nuclear, por consiguiente, suele encontrarse en mal estado, por regla general fragmentado, haciendo extraordinariamente complejo su proceso de aislamiento mediante una serie de técnicas de cribado para posteriormente hacer millares de copias idénticas de una secuencia determinada. Si en el caso, por ejemplo, del reciente infanticidio en una localidad cercana a Barcelona, los restos de ADN de los presuntos homicidas en la zona donde se cometió el asesinato serán, a todas luces, una prueba inculpatoria de primer orden –toda vez que se analicen otros parámetros que competen a la investigación criminal–, pudiendo extraer el ADN nuclear, para las decenas de miles de cuerpos que se pretenden exhumar amparados en el auto dictado por el juez Garzón la empresa se revela titánica y, a todas luces, fuera de las posibilidades de la red de centros homologados para estas prácticas de identificación de personas a través de la extracción de su material genético. Un proceso largo, costoso y con una fiabilidad que baja sustancialmente al saberse que únicamente se ha podido aislar el ADNm. Lo sería en términos quasi-absolutos si se comparan muestras del ADN nuclear (el 99,9% de la información genética de nuestro organismo) del difunto con la de sus progenitores, su esposa y/o sus descendientes. Una cosa es honrar la memoria de nuestros difuntos y otra es poner a los pies de los caballos un sistema que ya de por sí se sostiene con pinzas, abjurándose políticos que predican su liberalismo a cada esquina de la panacean que supone unos instrumentos carísimos que trabaja a pleno rendimiento tan sólo con monedas de curso legal. De lo contrario, el 30% del total de esos cadáveres computados en listas que están a la espera sus familiares de ser identificados puede llevarnos, en el mejor de los casos, una decena de años. Promesas incumplidas dirá la oposición; sentido común y conocimiento de la verdad de las cosas, dirán otros. Y habla alguien que hace ya demasiado tiempo ha oído hablar de un abuelo que nunca conoció por parte materna, que fue eliminado por las tropas franquistas y abandonado, como un can, en los márgenes de una carretera indeterminada de Lleida.